Volumen 13 N° 3
Año 2018


Rev. Obstet. Ginecol.- Hosp. Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. 2018; 13(3): 133-134
Editorial

El Servicio Público

José Lattus O.1
1Editor jefe.

La expresión “servicio público”, es una categoría jurídica y hace referencia a un conjunto de actividades de carácter general que una persona estatal o privada realiza con el fin de suministrar a otras personas prestaciones, que le facilitan el ejercicio de su derecho a tener una vida digna, ello incluye actividades de variado orden como: la salud, la educación, el suministro de agua, la energía, el transporte y las telecomunicaciones entre otras.

 

Un servicio público es una acción, institución o prestación promovida por el estado para garantizar la atención y si no es ejecutada, se considerará como una falta de servicio. Como lo dice el diccionario, Servicio es el acto y el efecto de servir. Este concepto hace referencia a la actividad que consiste en realizar una cierta acción para satisfacer una necesidad. Por lo general, los servicios implican brindar algo que no es material, a diferencia de los productos que son bienes materiales.

 

En salud, este concepto se vincula al bienestar físico y psicológico de una persona. Cuando un individuo goza de buena salud, su organismo puede ejecutar sus funciones con normalidad y su psiquis no presenta alteraciones, entonces el servicio le prestará acciones de control y prevención. Es importante tener en cuenta este aspecto del servicio público, ya que los servicios de salud no contemplan sólo el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o trastornos. También abarcan todo lo referente a la prevención de los males y a la difusión de aquello que ayuda a desarrollar una vida saludable.

 

Los servicios de salud, por lo tanto, son aquellas prestaciones que brindan asistencia sanitaria a quienes la necesitan por deterioro de su bienestar físico y psicológico. Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promociÅÅÅón de la salud de las personas, con la idea de dar una atención integral y de igualdad a todos los ciudadanos que acudan en su ayuda.

 

La base de una buena administración de los servicios públicos en general es que todos tengamos igualdad de derechos. La administración de un país debe velar para que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos derechos. Para ello, es imprescindible que existan una serie de servicios públicos en sectores estratégicos de la sociedad: educación, salud, transporte, seguridad, tratamiento de residuos, empleo y un largo etcétera. Como es lógico, todos ellos se financian mediante el pago de impuestos y son gestionados por los servidores públicos.

 

El servicio público entraña la aspiración solidaria de poner al alcance de todo individuo, al menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su seguridad, el aprovechamiento de la actividad técnica dirigida a satisfacer una necesidad de carácter general, en la que cada quien puede identificar su propia necesidad individual; mas esta idea no surge súbitamente, sino que resulta ser producto de un laborioso proceso teórico de elaboración en el que coparticipan la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. Los gobiernos se han esmerado en dar a sus ciudadanos lo mejor de su administración en los aspectos más relevantes como salud y educación, por ejemplo, lo que no han logrado a lo largo de periodos de distintas ideas políticas, ello debido a intereses y diferencias importantes en el manejo de estos aspectos que siempre es político.

 

El estado social y los principios de solidaridad, igualdad de oportunidades, cohesión social y corrección de desequilibrios territoriales exigen que los servicios esenciales sean accesibles y asequibles para toda la población. La privación de algunos de estos servicios esenciales para un sector de la población atentaría contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo de la personalidad (salud y educación, por ejemplo), o impediría que determinadas zonas del territorio dispongan de los servicios imprescindibles para su desarrollo económico y social, agravando progresivamente los desequilibrios territoriales.

 

En la sociedad contemporánea les ha reconocido una doble condición, por un lado, son esenciales para la calidad de vida individual de las personas y por otro, desde el punto de vista colectivo, constituyen la base del desarrollo económico y social de la comunidad. Una sociedad no puede desarrollarse suficiente, ni dignamente, sin tener acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones. El principio de igualdad ante la ley exige la igualdad de trato a los ciudadanos, tanto en el acceso a las prestaciones del servicio, como en sus condiciones de prestación a los usuarios.

 

El concepto de servicio público, está asociado a otros, como son, los de derecho administrativo e intervención del Estado en la economía, pues su suministro está vinculado a tres aspectos esenciales: 

i) La necesidad de garantizar su prestación eficiente a la totalidad de habitantes del territorio, IGUALDAD, EQUIDAD.

ii) La protección de los usuarios que son la parte débil de una relación jurídica entre desiguales; SOLIDARIDAD Y ESTABILIDAD.

iii) Impedir los abusos de la posición dominante de su proveedor frente a los usuarios o frente a otros proveedores del servicio, RESPETO Y DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO.

 

Y a propósito de todo lo anterior, pareciese que fue ayer cuando, como especialistas, éramos capaces de resolver la mayor parte de la patologías ginecológicas y obstétricas teniendo a la mano solo una escasa cantidad de elementos tecnológicos, lo que nos obligaba a tener en cuenta nuestros conocimientos y nuestra capacidad para determinar lo que una paciente portaba, con un acucioso examen general y de la especialidad, la mayor parte de estas generaciones fueron formadas con una fuerte adhesión al Servicio Público.

 

Éramos entonces, el fruto de la experiencia de haber visto y examinado miles de pacientes en los hospitales y servicios de urgencia y atención primaria, y poder determinar la gravedad o lo leve de una patología gíneco obstétrica con los conocimientos adquiridos en las distintas aulas universitarias.

 

Hoy vemos en los servicios de la especialidad, una gran cantidad de exámenes e instrumentos que ayudan al diagnóstico que necesitamos para actuar en consecuencia, pero muchas veces toda esta parafernalia que lejos de ser una ayuda circunstancial, pasa a ser tardíamente lo que finalmente decidirá la conducta y la resolución del caso en cuestión que muchas veces está lejos de ser la mejor opción.

 

Desde el punto de vista de los especialistas con más años de experiencia, existe un desperdicio de recursos, doble solicitud de exámenes, scanner a toda paciente ginecológica u obstétrica que ingresa a los servicios para estudio, una enormidad de exámenes de sangre y otros que abultan la ficha clínica más que las palabras de una evolución médica precisa, que no hace más que demorar la resolución y por supuesto la evolución hacia la gravedad de la patología que espera una pronta cirugía.

 

El hecho concreto de la retirada con incentivos de los antiguos especialistas, con más de cuarenta años de servicio público, hará que los servicios colapsen con las solicitudes de exámenes y las listas de espera, ello porque no hay generaciones intermedias en los servicios que amortigüen esta hégira, ellos están en las clínicas privadas y lejos de ser profesionales disponibles para un servicio público en falencia. 

 

Relativo a este último punto, la combinación del derecho privado, con el público, en el ámbito de los servicios públicos, ha llevado a dos aspiraciones extremas: de un lado la de reducir la prestación de los servicios públicos al desarrollo del ejercicio de una “función pública administrativa”, sujeta en un todo al derecho público, y de otro, a transformar los servicios públicos en “mercancías” sometidas exclusivamente al derecho privado, como ocurre con las redes de apoyo creadas por el Minsal, para sustentar las prestaciones GES que soporta con dificultad el servicio público.

 

Ni exclusivamente función pública administrativa, ni mercancía, los servicios públicos corresponden a una categoría diferente y especial, como tal ha sido reconocida por los legisladores. 

Y es relevante el concepto y nota esencial del servicio público por su carácter indispensable, la necesaria continuidad y regularidad en su prestación. Ello significa que las empresas externas que participan y que gestionan un servicio público no pueden suspender su actividad, ni reducirla, ni alterar el plan de prestación establecido sin el consentimiento de la autoridad administrativa competente.

 

En los últimos años, la crisis económica ha propiciado que en muchos países se opte por realizar notables recortes en los servicios de salud públicos, y Chile no es la excepción. Una circunstancia por la que muchos ciudadanos han salido a las calles a manifestarse en contra de esas medidas ya que consideran que esos citados servicios y la salud pública en general son necesarios y muy ventajosos. 

 

En concreto, solicitan que se establezcan garantías en la atención médica a todas las personas, independientemente de los recursos económicos que tengan, y que el servicio público ofrezca una larga lista de especialidades para que cualquier ciudadano que lo requiera pueda ser atendido específicamente por el especialista correspondiente, lo que no ocurre por la falta importante de especialistas en todas las áreas, lo que constituye una falta grave de servicio.

 

 

Dr. José Lattus Olmos

Editor Jefe

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